Consejo Latinoamericano de Iglesias
Sra. Michele Brachelet
Presidenta de la República de Chile
Departamento de Gestión y Correspondencia Presidencial
Santiago de Chile
Estimada Sra. Presidenta:
Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo.
El Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) es un organismo continental constituido por 180 iglesias y organismos ecuménicos en América Lastina y el Caribe. Como organismo ecuménico nuestro mandato proviene de la oración de nuestro Señor Jesucristo de contribuir como cristianos y cristianas con la paz y la convivencia sostenible en la pluralidad y multiculturalidad de la sociedad. El CLAI se articula por medio de las iglesias y diversas pastorales, dentro de ellas la Pastoral de los Pueblos Indígenas en cooperación con el Consejo Mundial de Iglesia (CMI).
Como iglesias evangélicas en América Latina y el Caribe estamos acompañando el conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas en Chile, en especial el Mapuche. Por medio de declaraciones y oraciones las iglesias han rogado a Dios que posibilite caminos de diálogo y comprensión entre las partes. Oramos también por monseñor Alejandro Goic que ha sido el más activo compañero de diálogo para que lograra el levantamiento de la huelga de hambre de Patricia Troncoso, que perduró por 112 días, con compromisos claros por parte del gobierno chileno. Confiamos que con el nombramiento de Rodrigo Egaña como Comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, se restablezca una mesa de diálogo con los pueblos originarios. Entendemos que esto es lo que han solicitado por años las organizaciones indígenas: tener voz real como sujetos de derecho.
Aunque con esos avances, sabemos que la situación del conflicto no ha terminado. De manera especial estamos acompañando el desarrollo de los diálogos respecto a:
1.- Legislación: Nos preocupa que en materia de reconocimiento, la legislación vigente, que data de 1993, no asegura la participación de los pueblos indígena en la toma de decisiones en los temas que les compete como señala la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su artículo 18 : “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que les afecten a sus derechos……” . Vemos que la institucionalidad que crea la CONADE (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) carece de poderes, recursos y de legitimidad para dar solución a los graves problemas políticos, sociales, económicos y culturales que hoy afectan a los pueblos indígenas, en especial al pueblo mapuche. Según el convenio 169 de la OIT Art. 33, numeral 1: “la autoridad gubernamental……deberá asegurarse de que existen instituciones u otros organismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.” Numeral 2 :“Tales programas deben incluir: a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, ….b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y de control de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.” Es importante enfatizar que la Declaracion de la ONU y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales reconocen a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos y establece en su favor un conjunto de derechos políticos , sociales, económicos, culturales, como la participación en el Estado, consulta y autogestión, derechos territoriales, de propiedad y posesión sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales indígenas, educación, salud pertinentes y también el derecho consuetudinario.
2.- Economía: Hemos visto que las actuales políticas de inversión económica respaldan proyectos privados o que el mismo sector público, impulsan o planifican en las tierras que les han pertenecido ancestralmente a sus comunidades indígenas o que reclaman para sí . Tales proyectos en el caso mapuche tienen graves impactos sobre la cultura, el medio ambiente y la economía de las comunidades. Incluyen plantaciones forestales, vertederos, plantas de tratamiento de aguas servidas, centrales hidroeléctricas e instalaciones de acuicultura. Las comunidades mapuches denuncian que estos proyectos han sido impuestos a toda la población y especialmente ellos no han sido integrados a las discusiones del impacto ambiental, de los beneficios, u otros efectos. La Declaración de la ONU se manifiesta al respecto, según el art. 26 numeral 2.: “Los pueblos indígenas tienen el derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras territorios y recursos que en razón de la propiedad tradicional…..” y en el art. 32 numeral 1 : “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.” El Comité de Derechos Humanos de la ONU el 26 de marzo del 2007 , art. 5, denunció que tierras ancestrales antiguas de los pueblos indígenas “…continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía”, y recomendó al estado chileno “realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleve efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades”, así como “…agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales”, otorgándole el plazo de un año para tales efectos. Aquí no solo está el pueblo mapuche, pues hay campesinos y campesinas. También ellos están en medio de conflicto y hay que mediar, muchos de ellos son de tercera o cuarta generación de colonos.
3.- Violencia: Nos preocupa las violaciones a los derechos humanos y colectivos que sufre el pueblo mapuche y sus líderes por la violencia policial en contra de comunidades que resisten a dichos proyectos o reclaman por sus tierras usurpadas. La aplicación en esos casos de la Ley Antiterrorista es objetada por organismos como Amnistia Internacional, por la “confusión” en torno al acto susceptible de ser defenido como “terrorista”. Frente a eso queremos una vez más declarar nuestra alegría por los primeros frutos del diálogo entre el gobierno y los pueblos indígenas en Chile, pero entendemos que hay mucho por avanzar para resolver la deuda histórica con los pueblos originarios del territorio chileno. Estamos seguros que el diálogo solo seguirá siendo posible en la medida en que el estado siga dando señales claras de que quiere avanzar en el reconocimiento y respeto a los pueblos indígenas y del pueblo mapuche y no
conformarse apenas con soluciones transitorias hechas bajo presión.
Como iglesias en América Latina y el Caribe seguiremos acompañando los diálogos alrededor de este conflicto con nuestras oraciones y nuestra vigilancia, pues proclamamos que “La mano del Señor no es
corta para salvar, ni es sordo su oído para oir”. (Isaías 59:1). En la gracia de Dios, siempre hay un tiempo para la reconciliación que pavimenta el camino de la paz. La paz salva y sana nuestras vidas heridas en lo personal y como nación. Esta es la justa gracia del Señor.
A nombre del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), suyos sinceramente,
Obispo Julio Ernesto Murray
Presidente
Rev. Israel Batista
Secretario General
Quito, Ecuador febrero 8, 2008
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