Desde mediados de los 1990s, SEPADE ha definido su visión en los siguientes términos: “Mediante su acción, aspira a contribuir a la construcción de una sociedad chilena más acogedora, solidaria e inclusiva. Una sociedad que no limite el desarrollo de las personas y comunidades, ni las discrimine arbitrariamente por motivos sociales, culturales, étnicos, religiosos, políticos, sexuales, de género, edad, salud, discapacidad física o mental”. En coherencia con lo anterior, en su Plan Estratégico para el periodo 2007 – 2011, elaborado durante 2006, incluyó como una de sus tareas contribuir a la “aprobación de una iniciativa legal contra la discriminación en términos adecuados”.
Aunque para los pastores, pastoras y líderes evangélicos que integran la Asamblea de SEPADE, esta visión se inspira en las buenas nuevas del reinado de Dios proclamado por Jesús, llama la atención su contraste con la posición de los sectores del mundo evangélico que se han venido movilizando para oponerse a la aprobación del proyecto de ley contra la discriminación, presentado al Congreso por el gobierno del Presidente Lagos. Para entender mejor este conflicto, conversamos con el pastor Juan Sepúlveda, Director de Planificación Institucional, quien ya por varios años ha asumido la responsabilidad de representar en diversos foros y ámbitos de deliberación ciudadana la opinión de SEPADE sobre el problema de la discriminación.
¿Cómo se explica esta oposición tan amplia y organizada de sectores del mundo evangélico a la aprobación del proyecto de ley contra la discriminación?
No me parece que estemos frente a una reacción espontánea de pastores y miembros de base de las iglesias evangélicas, sino ante el resultado de una campaña muy organizada por determinados grupos de líderes, quienes han presentado como verdades absolutas los siguientes argumentos: que se trata de un proyecto de ley promovido exclusivamente por las organizaciones de homosexuales; que representa una grave amenaza en contra de la libertad para la predicación y enseñanza evangélica; y que se trata de una iniciativa legal inútil, ineficaz e inconstitucional. En realidad son argumentos fácilmente rebatibles, pero han sido suficientes para provocar temor en un sector importante del mundo evangélico.
Si no son solamente las minorías sexuales ¿qué otros sectores de la sociedad chilena han promovido una ley contra la discriminación?
El problema de la discriminación como un factor que contribuye a la persistencia de la pobreza, la desigualdad, el abuso de poder y los conflictos sociales en Chile, comenzó a ser puesto con fuerza en el debate público por diversas organizaciones no ubernamentales, académicas y sociales a poco andar del retorno a la democracia. Un ejemplo son las distintas encuestas y estudios sobre el tema que han realizado en conjunto la Universidad de Chile y la Fundación Ideas. Por su parte, la Universidad Diego Portales cuenta desde hace varios años con un “Foro contra la discriminación”, en el que ha sido muy activa la abogada no vidente María Soledad Cisternas, Directora del Programa Jurídico sobre discapacidad. Más recientemente, Genera, una organización ciudadana integrada por gente de diversos sectores de la sociedad civil, ha promovido la ley a partir de su constante monitoreo del abuso de poder en el país.
En representación de SEPADE, me ha tocado exponer sobre la discriminación religiosa en diversos foros y seminarios convocados por tales organizaciones, y desde que el Presidente Lagos envió el proyecto al Congreso, también he participado en varios diálogos ciudadanos y audiencias con parlamentarios. De esta manera, he tenido la oportunidad de escuchar personalmente la opinión de representantes de organizaciones indígenas, de discapacitados, de inmigrantes, de mujeres, de jóvenes, de pobladores, de habitantes de zonas aisladas, de otros grupos religiosos, y ciertamente, también de minorías sexuales. Decir que solamente este último grupo se interesa por el proyecto de ley contra la discriminación, y celebraría su aprobación, revela un gran desconocimiento o, lo que es peor, una manipulación de la realidad para provocar el rechazo evangélico del proyecto.
¿Y cómo respondes al argumento de que el proyecto es inútil, ineficaz e inconstitucional?
No tengo la formación jurídica para entrar en la cuestión de la constitucionalidad del proyecto, pero éste es un aspecto que ya fue debatido entre los propios parlamentarios y sus asesores jurídicos, y fue resuelto positivamente. Los otros argumentos sugieren que este proyecto de ley no agrega nada, porque el derecho a la no discriminación ya está garantizado por la Constitución, y en caso que ésta no sea respetada, se puede recurrir a un Recurso de Protección.
El problema es que, a pesar de la Constitución, los actos de discriminación y abuso de poder se siguen cometiendo impunemente día a día. Las personas comunes y corrientes que los sufren no cuentan con los medios para presentar recursos de protección. El propósito del proyecto de ley es establecer una acción legal simple que puede ser presentada por la propia persona afectada, que apunta a reparar el efecto de un acto demostrable de discriminación arbitraria, y no tanto a castigar. Se espera que la ley tenga principalmente un efecto preventivo, ya que en la medida en que se utilice esta acción legal, desaparecerá el clima de impunidad que favorece la práctica cotidiana de la discriminación. Quienes promovemos este proyecto creemos que sería extraordinariamente útil, además de ético, que las personas que pertenecen a alguno de los grupos frecuentemente discriminados, que paradójicamente alcanzan al 94% de la población, cuenten con un medio más eficaz para protegerse de la discriminación.
¿Por qué estás tan seguro de que esta ley, si se aprueba, no limitará la libertad para la predicación y enseñanza evangélica?
En primer lugar, porque esta ley tiene el propósito de sancionar acciones u omisiones arbitrariamente discriminatorias, y no determinadas ideas o doctrinas. Las personas podrán recurrir a esta ley cuando puedan probar que han sido concretamente perjudicadas por un acto de discriminación arbitraria, ya sea porque perdieron su trabajo, o les fue negado un servicio al que tienen derecho, o fueron agredidas física o psicológicamente, etc. Estar simplemente en desacuerdo con una opinión, doctrina o enseñanza, no es motivo suficiente para recurrir a esta ley, menos aún si se trata de la opinión de una asociación voluntaria a la que no se pertenece.
En segundo lugar, porque mediante los planteamientos de la Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas, de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, y de nuestras propias intervenciones en el debate, se ha logrado introducir en el proyecto un párrafo que aclara explícitamente que aquellas distinciones establecidas por las doctrinas y normas internas de las organizaciones religiosas, no pueden ser consideradas arbitrarias. Esto significa, por ejemplo, que nadie podría recurrir a esta ley en contra de una iglesia que no acepte el ingreso de las mujeres al ministerio ordenado, o bendecir un matrimonio de personas del mismo sexo, si tales distinciones están claramente establecidas en su ordenamiento interno.
¿Significa lo anterior que la Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas no comparte la idea de un rechazo total al proyecto de ley?
Efectivamente. El Comité Ejecutivo de la Mesa Ampliada considera que un rechazo total a este proyecto de ley sería incoherente con la lucha contra la discriminación que históricamente han dado las propias iglesias evangélicas. Por eso ha concentrado su esfuerzo en incidir para que, en el texto de la ley, quede claro que las distinciones establecidas por las doctrinas y normas de las iglesias no deben ser consideradas arbitrarias. Pero al mismo tiempo, procurando acoger los temores de los sectores evangélicos que se oponen más frontalmente a la ley, ha propuesto además que se suprima del listado de motivos o causas de discriminación mencionados en la ley, las categorías de “género” y “orientación sexual”.
¿Y cuál es la postura de SEPADE respecto a esa propuesta?
El principal argumento que se ha dado para suprimir la categoría de “orientación sexual”, es que implicaría legitimar conductas reñidas con la moral y los principios cristianos. Pero, en realidad, la mención de la “orientación sexual” no obliga a nadie a aprobar moralmente la conducta sexual de una persona, sino a respetar sus derechos ciudadanos. De lo contrario, uno podría decir que tampoco debería incluirse la categoría de “religión”, puesto que implicaría validar doctrinas que desde el punto de vista cristiano son heréticas. Si, en el caso de la libertad religiosa, entendemos perfectamente que respetar los derechos de seguidores de otras religiones no nos obliga a aceptar sus doctrinas, ¿por qué nos cuesta tanto entender que respetar los derechos de las personas homosexuales no nos obliga a legitimar moralmente sus conductas?
Los motivos de discriminación incluidos en el proyecto de ley responden a los estudios concretos sobre la discriminación en Chile. Si se aprobara la ley omitiendo algunos de esos motivos, el mensaje que se estaría dando es que en Chile se puede seguir discriminando impunemente, si es por motivos de género u orientación sexual.
Da la impresión, entonces, que el mayor problema para los evangélicos que se oponen al proyecto es la homosexualidad.
Aunque los líderes que he escuchado insisten en decir que están actuando motivados por la defensa de los principios cristianos, y no por homofobia, es evidente que el tema que les incomoda es la homosexualidad. En el debate sobre el proyecto de ley, mi actitud hasta ahora ha sido evitar entrar en ese tema, simplemente porque no se trata de un proyecto sobre la homosexualidad. Pero como ese tema vuelve una y otra vez, me parece que sería bastante saludable que el mundo evangélico se atreviera a asumirlo no como un problema que está allá afuera, en el “mundo”, sino como un desafío pastoral que las iglesias no pueden seguir evadiendo.
Desde este punto de vista, vale la pena reflexionar sobre una frase contenida en declaración en la que el Senador Adolfo Zaldivar manifiesta su apoyo a la campaña evangélica en contra del proyecto de ley: "La tolerancia es nuestra regla y en este caso específico no podemos negar una realidad de la naturaleza. El homosexualismo existe y es un hecho no de ahora, de siempre, hay hombres y mujeres con tal condición sexual que han hecho grandes aportes a la cultura, el arte y la ciencia".
No estoy seguro si los líderes evangélicos que han difundido con tanta satisfacción esta declaración, han notado que el Senador considera la homosexualidad como un hecho de la naturaleza y no como una desviación moral. Por otra parte, invita a reconocer los aportes culturales de personajes de la historia con tal condición sexual. Respecto a esto último, como evangélico me resulta inevitable preguntarme acaso, en medio de las celebraciones del primer centenario del pentecostalismo chileno, ¿seguiremos escondiendo que la primera gran división se debió a una acusación de homosexualidad, nada menos que contra el principal líder del avivamiento pentecostal?
Cuando en mi juventud escuché comentarios sobre esto en boca de líderes antiguos de la Iglesia Metodista Pentecostal, pensé que se trataba de comentarios mal intencionados de una parte en el conflicto. Pero cuando tuve la oportunidad de leer uno de los libros mejor documentados sobre historia de las iglesias evangélicas en Chile, la tesis doctoral del misionero holandés Juan Kessler, descubrí que no se trataba de un rumor.
El pastor Hoover fue acusado en 1932, y él mismo se declaró culpable frente a la comisión de presbíteros que se constituyó para tratar la acusación. La comisión estimó que existían circunstancias atenuantes, y resolvió abordar el tema pastoralmente, en lugar de hacerlo disciplinariamente. La ruptura de este acuerdo por parte del pastor Umaña, que llevó el caso ante la Conferencia Anual de 1933, desencadenó la división entre quienes apoyaron al pastor Umaña y quienes mantuvieron su lealtad con el pastor Hoover. Entre los testimonios que recogió Kessler, una versión sostenía que Hoover reconoció haber “contraído el hábito homosexual como estudiante en los Estados Unidos” , mientras que otra versión señalaba que fue una conducta adquirida en la soledad de la viudez.
¿Tenemos que seguir ocultando este hecho para poder seguir reconociendo el papel protagónico del pastor Hoover en el avivamiento pentecostal chileno? ¿O, si reconocemos el hecho, debemos borrar a Hoover de la historia del pentecostalismo? ¿O será preferible dejar humildemente el juicio en las manos de Dios, y a la vez pedir de su gracia para discernir con espíritu misericordioso las complejidades de nuestra existencia humana?
¿Crees que este debate quebrará el espíritu de unidad que venía manifestando el pueblo evangélico Chile?
Creo que esta discusión nos ayudará a reconocer que la unidad no se puede lograr sin el respeto y la valoración de nuestra propia diversidad. El pueblo evangélico tiene mucho que contribuir a la sociedad chilena actuando en conjunto, pero también puede contribuir a la calidad de la deliberación pública permitiendo que se expresen con transparencia las miradas distintas respecto a temas sobre los cuáles no tenemos una opinión única. Lo importante es que las iglesias evangélicas estamos aprendiendo que no podemos evadir la responsabilidad de pronunciarnos sobre los temas de interés público.
Fuente: http://www.sepade.cl
