ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
52° período de sesiones
25 de febrero a 7 de marzo de 2008

Declaración presentada por la Comisión de las Iglesias para
los Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias,
organización no gubernamental reconocida como entidad
consultiva por el Consejo Económico y Social

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del
Consejo Económico y Social.

Declaración Ecumenical Women: la justicia para los pobres y la preocupación por la vida y

la creación siguen siendo la cuestión fundamental

1. Las iglesias ecuménicas y las mujeres creyentes abordan con una comprensión
particular del “desarrollo” la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las
Naciones Unidas, con su hincapié en la “financiación a favor de la igualdad entre
los géneros y el desarrollo”, y el proceso de la Conferencia internacional de
seguimiento sobre la financiación.

2. Dentro de la tradición cristiana y el mandato bíblico, las cuestiones más
importantes son la justicia para las personas económicamente marginadas y la
preocupación por la vida y la creación. Creemos que Dios concibió al mundo como
un mundo de abundancia para todos. Sin embargo, el mundo que la humanidad ha
creado está constituido por una mayoría de personas muy pobres, en la mayoría de
los casos mujeres. Un número desproporcionadamente elevado de mujeres no se
beneficia de la abundancia que Dios ha provisto.

3. Para Ecumenical Women, un desarrollo genuino es aquél que promueve
relaciones justas, equitativas y consideradas. La igualdad entre mujeres y hombres
de todas las razas y clases es una cuestión de derechos humanos y una condición
para la justicia social, así como un requisito fundamental para la paz y el desarrollo.
Gracias en gran parte a las iniciativas emprendidas en las conferencias precursoras
de las Naciones Unidas, ahora se reconoce cada vez más que el desarrollo no puede
lograrse sin la igualdad entre los géneros.

4. Aprobada y firmada por los Estados Miembros en la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer que se celebró en Beijing en 1995, la Plataforma de Acción
de Beijing se comprometió a adoptar medidas estratégicas para erradicar la carga
persistente de la pobreza que recae cada vez más sobre las mujeres, la desigualdad
en las estructuras y políticas económicas, la desigualdad entre la mujer y el hombre
en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones a todos los niveles.

5. Aprobado y firmado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en la
primera Conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo celebrada
en México en 2002, el Consenso de Monterrey se comprometió a movilizar recursos
financieros a favor del desarrollo humano sostenible, la erradicación de la pobreza y
la igualdad entre los géneros (concretamente mediante la incorporación de la
perspectiva de género en todas las políticas de desarrollo). El hecho de determinar si
en el Consenso de Monterrey y su aplicación se han abordado eficazmente las
distintas formas de desigualdad sigue siendo una cuestión de orden moral para las
iglesias.

6. Al dar testimonio de la justicia divina y defenderla, Ecumenical Women se ve
obligada a examinar la Plataforma de Beijing y las cuestiones pendientes en relación
con los seis temas de la financiación para el desarrollo y a proponer políticas
distintas en que se dé prioridad a la previsión de lo necesario para la vida y se
promuevan relaciones justas.

Movilización de recursos internos a favor de la igualdad entre los géneros y el desarrollo

7. Al movilizar recursos internos a favor del desarrollo, el Consenso de
Monterrey subrayó la importancia de aplicar políticas monetarias y fiscales
antiinflacionistas y restrictivas y de liberalizar los servicios financieros. Las
políticas mencionadas implican fundamentalmente frenar el gasto público y
consolidar los ingresos públicos. En la práctica, los sectores sociales a menudo han
sido objeto de drásticos recortes, mientras continúan los gastos e inversiones
militares excesivos para la producción y adquisición de armamentos. Como
consecuencia de ello, las mujeres y los niños pobres tienen menor acceso a servicios
básicos de salud y educación.

8. En su recomendación de liberalizar los servicios financieros para fomentar el
ahorro interno, el Consenso de Monterrey hace caso omiso del limitado acceso al
crédito que tienen las mujeres pobres, en particular las que pertenecen a grupos
indígenas y raciales marginados, debido a las restricciones en materia de propiedad
de bienes y a ideas erróneas acerca de la incapacidad de esas mujeres de rembolsar
préstamos, pese a las pruebas que demuestran lo contrario. Mientras que en el
acuerdo se reconoce el valor de los planes de microfinanciación, la liberalización
financiera limita el papel de los gobiernos en el otorgamiento de préstamos en
condiciones favorables a pequeñas empresas, en particular las que son administradas
por mujeres.

9. Teniendo en cuenta lo anterior, Ecumenical Women propone lo siguiente:
• Proteger las asignaciones presupuestarias de los gobiernos a sectores sociales
esenciales, en particular instituyendo una presupuestación en que se tengan en
cuenta las consideraciones de género y contabilizando la contribución de la
mujer a la economía del cuidado de otras personas;
• Aplicar medidas de tributación progresiva (por ejemplo, un sistema tributario
internacional más riguroso para las armas pequeñas y las armas ligeras y una
supervisión más estricta de los paraísos fiscales y la reducción de su número);
y
• Asegurar el acceso de las mujeres pobres al crédito, sobre todo mediante la
promoción de los derechos de propiedad de la mujer.
• Aplicar medidas de tributación progresiva (por ejemplo, un sistema tributario
internacional más riguroso para las armas pequeñas y las armas ligeras y una
supervisión más estricta de los paraísos fiscales y la reducción de su número); y
• Asegurar el acceso de las mujeres pobres al crédito, sobre todo mediante la
promoción de los derechos de propiedad de la mujer.

Movilización de recursos financieros internacionalesen favor de la igualdad entre los géneros y el desarrollo

10. En el Consenso de Monterrey se destaca la función de las corrientes de capital
privado, en particular la inversión extranjera directa para fomentar la formación de
capital, la transferencia de tecnología y la generación de empleo. Si bien la
inversión extranjera directa ha ofrecido a la mujer oportunidades de ingresos, en
particular en las industrias de gran densidad de mano de obra orientadas a la
exportación, subsisten muchas preocupaciones, sobre todo en cuanto a la pérdida y
degradación del empleo, el estancamiento en la adquisición de los conocimientos y
la desigualdad en la remuneración entre hombres y mujeres. Además, en el marco de
una intensa campaña para atraer inversiones extranjeras directas, los gobiernos de
los países en desarrollo han otorgado generosos incentivos fiscales a los
inversionistas extranjeros, ejerciendo aún más presión sobre los ingresos públicos,
con consecuencias adversas para el gasto social.

11. El Consenso de Monterrey promueve la liberalización de las corrientes de
capital entre los países, incluidas las inversiones de cartera a corto plazo. Esas
corrientes sumamente móviles se han vinculado con la apreciación del tipo de
cambio, la volatilidad de la cuenta de capital y, en algunos casos, crisis financieras,
que suponen un enorme costo social y económico para los pobres y las mujeres,
especialmente en concepto de pérdida de empleo, aumento de los precios y drástica
caída de los ingresos públicos. A modo de protección contra la inestabilidad de las
monedas y las corrientes de capital, los gobiernos de muchos países en desarrollo
han acumulado y mantenido grandes reservas en divisas, que representan recursos
no invertidos en el desarrollo social.

12. Las remesas enviadas a los países en desarrollo por los migrantes que trabajan
en países desarrollados, una parte creciente de los cuales son mujeres, se han
convertido últimamente en corrientes considerables de capital privado. Sin embargo,
los gastos de transferencia que fijan los bancos y otras instituciones financieras, así
como la doble imposición de los migrantes, reducen la cuantía de los fondos
enviados a los países de origen.

13. Teniendo en cuenta los argumentos arriba expuestos, Ecumenical Women
propone lo siguiente:
• Reforzar los marcos multilaterales y los espacios normativos nacionales para
administrar la inversión extranjera directa a fin de asegurar la transferencia de
tecnología, restringir la repatriación de las ganancias, defender las normas
laborales y promover la igualdad racial y entre los géneros;
• Gravar las corrientes de capital a corto plazo y revisar las estructuras de las
reservas en divisas para constituir fondos públicos mundiales a fin de financiar
un desarrollo que incorpore objetivos de igualdad entre los géneros;
• Pedir que se examinen las modalidades de asignación de recursos a fin de
incorporar a las metas de igualdad entre los géneros en el marco de las
estrategias de reducción de la pobreza; y
• Reducir el costo de las remesas, eliminar la doble imposición de los migrantes
y realizar estudios sobre las consecuencias a largo plazo de las remesas para
los países en desarrollo y la igualdad entre los géneros.

El comercio como motor de la igualdad entre los géneros y el desarrollo.

14. El Consenso de Monterrey estima que una liberalización sustancial del
comercio es un motor de desarrollo, pese al fracaso cada vez más evidente de las
políticas de liberalización en la promoción de un crecimiento que reduzca
considerablemente la pobreza extrema. El Consenso de Monterrey tampoco hace un
análisis desde la óptica de la igualdad racial o entre los géneros. Si bien en algunos
casos la liberalización del comercio ha ampliado las posibilidades de empleo e
ingresos, en particular para las mujeres cualificadas en las industrias de exportación,
esas reformas han entrañado a su vez una pérdida generalizada de empleo y han
erosionado los salarios de los trabajadores en las industrias del sector público que
compiten con las importaciones y tienen una alta densidad de mano de obra en las
que predominan las mujeres. Conforme se reducen los precios, millones de mujeres
se ven obligadas a trabajar durante largas horas sin descanso en condiciones
abyectas y con pocas posibilidades de proteger sus derechos. En términos generales,
el empleo no ha aumentado al mismo ritmo que la expansión del comercio.

15. Si bien el Consenso de Monterrey reconoce el problema del limitado acceso de
los países en desarrollo a los mercados agrícolas altamente protegidos y
subvencionados de los países desarrollados, se ha prestado muy poca atención a las
estructuras subyacentes que relegan las economías pobres a una posición de
exportadores de productos básicos y servicios de escaso valor e importadores de
productos y servicios de elevado valor y gran densidad de tecnología. El dumping de
las importaciones agrícolas y el aumento del control corporativo de la producción de
alimentos en los países en desarrollo han representado una grave amenaza para los
medios de vida y el derecho a la alimentación de las personas, en particular las
mujeres.

16. Teniendo en cuenta los argumentos arriba expuestos, Ecumenical Women
propone lo siguiente:
• Realizar análisis integrales sobre los efectos de las políticas comerciales
multilaterales y bilaterales en los pobres y las mujeres;
• Aplicar reglamentaciones para poner fin al dumping de importaciones
agrícolas;
• Establecer acuerdos internacionales sobre productos básicos en que se fijen
precios de base estables para esos productos; y
• Aplicar medidas favorables a los pobres y en que se tenga en cuenta el género
que aseguren un acceso equitativo a los recursos productivos, incluidos la
tierra y el crédito para todas las mujeres.

Deuda externa, igualdad entre los géneros y desarrollo

17. El Consenso de Monterrey reconoce la importancia de reforzar la viabilidad
financiera de los países en desarrollo ante la carga insostenible de la deuda. El pago
de la deuda externa y sus intereses son enormes limitaciones para las finanzas
públicas de los países en desarrollo, que suelen traducirse en drásticos recortes de la
inversión en los sectores sociales con consecuencias graves para el acceso de los
pobres o las mujeres a la educación y la salud. Las condicionalidades impuestas a
los préstamos y la reestructuración de la deuda agudizan aún más el problema.

18. Teniendo en cuenta los argumentos arriba expuestos, Ecumenical Women sigue
pidiendo:
• La cancelación incondicional de todas las deudas ilegitimas que se reclaman a
los países en desarrollo; y
• La introducción de una presupuestación en que se tengan en cuenta las
cuestiones de género a fin de que los recursos liberados se inviertan en
programas de desarrollo e igualdad entre los géneros.

Cooperación financiera y técnica a nivel internacional en favor de la igualdad entre los géneros y el desarrollo

19. Si bien el Consenso de Monterrey destaca el papel de apoyo a la educación, la
salud, la infraestructura y el desarrollo rural que cumple la asistencia oficial para el
desarrollo, no se menciona que esta asistencia sería simplemente innecesaria con
unas reformas del comercio favorables a los pobres y la cancelación de la deuda. La
asistencia oficial para el desarrollo se suele repartir entre los países en desarrollo en
función de consideraciones políticas (en particular la seguridad nacional) y no de
una serie de criterios transparentes y previsibles que pongan de relieve la
erradicación de la pobreza y la igualdad entre los géneros. La ayuda se suele ofrecer
con condiciones macroeconómicas que acentúan la pobreza y las desigualdades
entre los géneros y elevan el costo del trabajo, los bienes y los servicios.

20. Ecumenical Women formula las siguientes recomendaciones:
• Crear o fortalecer los marcos de ayuda institucionales a fin de incrementar la
eficacia de la ayuda y la mutua rendición de cuentas entre los gobiernos
donantes y los beneficiarios;
• Lograr que los países sientan como propios los programas y políticas de ayuda,
en particular mediante consultas amplias y abiertas con la sociedad civil, los
grupos religiosos, las asociaciones de mujeres y otros grupos marginados en la
formulación, aplicación y supervisión de los programas;
• Elaborar mecanismos para asegurar que se destinen cuantías considerables de
asistencia oficial para el desarrollo a proyectos de desarrollo social e igualdad
entre los géneros identificados por los países (por ejemplo, asistencia técnica
para el desglose de los datos en función del género).

Problemas sistémicos de la financiación en favor de la igualdad entre los géneros y el desarrollo

21. El Consenso de Monterrey subraya la necesidad de reforzar la coherencia y la
coordinación entre los sistemas monetario, financiero y de comercio internacionales.
Ese reconocimiento se refleja en el plan de coherencia entre el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que ha
impulsado aún más las reformas económicas neoliberales. Entre los resultados
generales de esas políticas cabe mencionar la concentración en contadas manos de
los medios y recursos productivos, en particular el capital, y las drásticas
desinversiones en desarrollo social.

22. En la etapa actual de globalización de la economía, la gestión macroeconómica
en los países en desarrollo se ha alejado progresivamente de los gobiernos que
asumen compromisos de derechos humanos y desarrollo en el marco de las Naciones
Unidas para acercarse cada vez más a las instituciones comerciales y financieras
internacionales. Pese a su retórica de desarrollo, esas instituciones aún están
dominadas por los intereses de los países desarrollados y las grandes empresas; los
países en desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil siguen teniendo una
voz muy limitada y menos voto aún. Como es lógico, han quedado relegadas las
cuestiones fundamentales, como las desigualdades cada vez mayores y la necesidad
de desarrollar y poner en marcha mecanismos redistributivos en el marco de los
sistemas financieros y comerciales internacionales.

23. Ecumenical Women formula las siguientes recomendaciones:
• Democratizar las estructuras mundiales de gobernanza económica, incluso
mediante la representación y participación de la mujer;
• Reforzar los marcos reglamentarios mundiales a fin de que las instituciones
internacionales, los gobiernos y las empresas suscriban los acuerdos vigentes
en materia de derechos humanos, normas laborales y medio ambiente; y
• Reforzar los mecanismos de la igualdad entre los géneros en las Naciones
Unidas y otras instituciones financieras y comerciales internacionales.

Nota
Declaración apoyada por las siguientes organizaciones no gubernamentales reconocidas
como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social: la Asociación de Mujeres
Presbiterianas de Aotearoa (Nueva Zelandia), el Servicio Mundial de Iglesias, la Federación
Luterana Mundial, la Iglesia Presbiteriana (Estados Unidos), la Iglesia Metodista
Unida/Junta General de Ministerios Mundiales, la Federación Mundial de Mujeres
Metodistas y de la Iglesia Unida, la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles
Cristianos y la Asociación Cristiana Femenina Mundial.