A LA OPINIÓN PÚBLICA

Frente al comunicado oficial del 4 de abril del Tribunal Constitucional respecto del recurso de inconstitucionalidad presentado por 36 diputados contra las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud, queremos expresar nuestra preocupación por la grave situación de inequidad que vivirán las mujeres y hombres de nuestro país.

El Estado chileno ha tenido una trayectoria destacada a nivel internacional en el ámbito de la planificación familiar. Desde la década de los años 60 se han implementado políticas públicas para la regulación de la fertilidad que permitieron importantes descensos en las tasas de aborto provocado y de muerte materna por esta causa, pudiendo las personas, en mayor libertad y autonomía, decidir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, o no tenerlos.

Para ello ha sido esencial la oferta anticonceptiva en los servicios públicos de los dispositivos intrauterinos, en especial la T de cobre, las píldoras hormonales y más recientemente la anticoncepción de emergencia.  Estos avances, que han beneficiado a tantas mujeres desde hace más de cuatro décadas, pueden sufrir hoy una grave regresión, producto de las presiones de los sectores más conservadores del país.

Las Normativas cuestionadas por estos sectores respetan todos los estándares éticos, científicos, legales y técnicos, así como de la calidad de atención consensuados internacionalmente. Asimismo, ofrecen a las mujeres y hombres chilenos garantías de acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y apropiados al igual que a la información completa y veraz para adoptar decisiones responsables en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Pero, por sobre todo, avanzan en superar las profundas desigualdades de acceso entre los sectores más ricos y aquellas personas que se atienden en los servicios de salud pública. Estas normativas contribuyen al logro de una real justicia social en salud.

La Organización Mundial de la Salud ha aprobado y fomenta el uso de la anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no planificados, precisamente basándose en la evidencia científica internacional, la que ha demostrado fehacientemente que no es abortiva.

El acceso a métodos para regular la fecundidad y a información integral sobre la salud sexual y reproductiva debe ser garantizado por el Estado para toda la población que lo requiere sin discriminación de edad, sexo, raza, lugar de residencia, condición social o cualquier otra causa.

Por esta razón, defendemos y respaldamos las Normas de Regulación de la Fertilidad en uso en nuestro país, como una política que garantiza la equidad en el acceso para mujeres y hombres. Una democracia fortalecida implica reconocer la diversidad en el marco de los derechos humanos.

Asociación Chilena de Protección a la Familia, APROFA
Católicas por el Derecho a Decidir-Chile
Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral Adolescente, CEMERA
Colegio de Matronas de Chile
Colegio Médico de Chile

Educación Popular en Salud (EPES)

Federación Internacional de Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia, FIGIJ

Foro Abierto de Derechos Sexuales y Reproductivos

Fundación Prosalud
Fundación Instituto de la Mujer
Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción

Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena

Observatorio Equidad de Género en Salud

Observatorio de Género y Equidad

Programa Género y Equidad, FLACSO-Chile
Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

Solidaridad y Organización Local (SOL)